La Defensora General de la Ciudad, Marcela Millán, alerta a ONU sobre el crecimiento de esta población en la capital argentina y la frecuente violación de sus derechos básicos.

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires solicitó este martes al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Vivienda Adecuada, Balakrishan Rajagopal, que intervenga en defensa de las personas en situación de calle pues la cifra de ellos crece y se violan sistemáticamente sus derechos humanos como resultado de políticas que ejecuta el Gobierno porteño.

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El pedido formal, firmado por la Defensora General de la Ciudad, Marcela Millán, manifiesta que «el incremento alarmante del número de quienes están viviendo en la calle tiene como contrapartida una política estatal que conjuga la ausencia de intervención pública adecuada con la estigmatización y la criminalización de esta población».

La funcionaria citó datos del Relevamiento Nacional de Personas en Situación de calle (censo) de 2023. Según este, había 8.028 personas viviendo en la calle en la Ciudad de Buenos Aires. De ellas, el 49,1 por ciento ya había atravesado antes esta situación, mientras que para un 48,3 por ciento se trataba de la primera vez.

Millán calificó la situación actual de muy grave, pues el propio Gobierno porteño, hoy dirigido por Jorge Macri (partido de derecha Propuesta Republicana, o PRO), reconoció que la cifra de personas sin techo en la Ciudad crece a ritmo de 40 por ciento interanual.

Aseguró que esta población es frecuentemente criminalizada y usualmente, en procesos iniciados, se le endilgan delitos como «resistencia a la autoridad» y «daños». Precisó que de 2.643 personas atendidas por su oficina en entre enero-abril de este año, el 13 por ciento sufría situación de calle.

Añadió que «la posibilidad de recibir violencia institucional en el marco de una detención, se incrementa en un 84 por ciento cuando se trata de personas en situación de calle».

En el documento enviado al Relator Especial de ONU para la Vivienda Adecuada, se denunció que los programas del Gobierno de Buenos Aires para atender esta problemática han sufrido sensibles recortes presupuestarios.

Además, se instó al Gobierno bonaerense a evitar la estigmatización y a desarrollar políticas públicas que solucionen el problema habitacional y garanticen el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda digna.

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